El Gobierno oficializó hoy el decreto con el que empezará a avanzar en el achicamiento del número de empleados del Estado. En lo inmediato, la decisión implica no renovar los contratos que fueron firmados por primera vez a partir del 1° de enero de 2023 y que vencen este 31 de diciembre. Se trata de una medida que ya había sido adelantada por el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo. El número, de acuerdo a distintas fuentes del tema, ascendería a 7000 personas.
Desde la Casa Rosada evitaron confirmar cifras, pero sí ratificaron que, como ya se había anunciado días atrás, esos contratos no serán renovados y que el decreto que se conocerá en las próximas horas también contempla la apertura de la etapa de evaluación de todas las estructuras del Gobierno, por los próximos 90 días, para definir cuáles de los demás puestos se mantendrán y cuáles no, dando lugar a una eventual nueva etapa de recortes. Los sindicatos ya están en pie de alerta y tienen medidas previstas para los próximos días.
El Decreto 84/2023 llega una semana después de que el presidente Javier Milei presentó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que busca derogar más de 300 leyes y que fue judicializado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), a través de un recurso de amparo, que el juez en lo Contencioso Administrativo, Esteban Furnari, declaró admisible. Precisamente en el marco de esa avanzada es que para este miércoles 27 tanto ATE como la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que agrupan –junto a la UPCN– a los empleados públicos, tendrán sus jornadas de “lucha” y movilización. Ambas monitorean de forma permanente los movimientos de la administración libertaria respecto de lo que puede suceder con la continuidad de los puestos en el Estado.
De acuerdo al proyecto en los contratos que no registran antigüedad previa al 1° de enero de 2023 y automáticamente caerán en los próximos días, hay grupos que quedarán exentos de la medida y seguirán en funciones más allá de su fecha de ingreso. Uno, el de los “cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales”, como el de personas trans o con discapacidad. Ambos se respetarán y no serán alcanzados por el recorte, según pudo corroborar LA NACION tanto con el proyecto del decreto como de fuentes al tanto de la decisión, que ratificaron el punto.