“Algunos por sadismo y otros por corruptos”, desafió este lunes de Navidad con un posteo en sus redes en defensa al decreto de necesidad y urgencia anunciado el pasado miércoles. En la última semana del año, quince días después de hacerse cargo de la Presidencia, Javier Milei está decidido a exprimir al máximo las mieles de su reciente desembarco, y en estas horas sumará a su batería de reformas un nuevo desafío: la revisión de los empleados contratados por la administración pública en el 2023 y una evaluación de tres meses para el resto de los contratos, una medida que, en épocas festivas, puso en alerta a los sindicatos estatales.
Milei inauguró el 10 de diciembre un brutal cambio de época signado por un eslogan de tres palabras que atraviesa cada una de sus medidas: “No hay plata”. Con esa premisa, llamativamente popularizada por buena parte de la sociedad, el Presidente oficializó el cuestionado DNU de “desregulación” de la economía, abrió el período de sesiones extraordinarias en el Congreso para restituir el impuesto a las Ganancias, impulsó una profunda reforma laboral que despertó a la CGT y analiza una inspección y descentralización de los planes sociales que prevén una mayor conflictividad en las calles. Un desafío diario para el protocolo anti-piquete de Patricia Bullrich.
El decreto de contratación de personal que el Gobierno tenía previsto publicar en estas horas en el Boletín Oficial contemplaba la caída de todos los contratados que prestaron servicios desde el 1 de enero del 2023, y la revisión de los empleados que entraron a la función pública antes de esa fecha, que podrán ser renovados solo por 90 días y ser nuevamente contratados solo con la fundamentación de la continuidad de los mismos.
Se trata de unos 7.000 empleados que quedarán automáticamente cesanteados, y varias decenas de miles que estarán bajo observación, no solo de la administración central sino de organismos descentralizados y de empresas públicas.
Milei está decidido a pagar todo el costo político que sea necesario e ir a fondo en su plan de ajuste, sin medir las consecuencias. Según confiaron, tanto el jefe de Estado como su entorno son plenamente conscientes de los coletazos. Admiten, en ese sentido, que hay chances reales de que el plan en ejecución tenga un altísimo costo social, a pesar de que, por ahora, pareciera estar amortiguado por la popularidad del proyecto libertario y la eficacia del relato contra “la casta” y la gestión saliente. En ese contexto, no hay plan B.
La semana pasada, los gobernadores que se acercaron hasta Casa Rosada se fueron sorprendidos por la firmeza con la que el Presidente insistió en la defensa de su programa económico, y la decisión de cargar personalmente con el precio de la restitución de Ganancias que él mismo convalidó meses atrás como diputado en el Congreso. Pidió, como contraprestación, el apoyo parlamentario de los legisladores que responden a las provincias.
Milei sabe de la debilidad parlamentaria de su proyecto, y en el peronismo sobrevuela una enorme incertidumbre por el nuevo liderazgo y por la profundidad de las reformas impulsadas desde Casa Rosada sin un soporte legislativo que augure el éxito de las medidas. Es un cambio de paradigma. Fue una de las razones que Mauricio Macri esgrimió con vehemencia para que Cristian Ritondo, es decir el PRO, se quedara con la presidencia de la Cámara baja. Para apuntalar, desde ese lugar, el programa libertario. El primer mandatario selló un acuerdo electoral con parte del peronismo cordobés y con un sector de Juntos por el Cambio, pero decidió que gobernaría de manera unipersonal, y no a modo de coalición, como la experiencia de Cambiemos y el experimento del Frente de Todos, en ambos casos, con pésimos resultados.