Tarifazos de gas: Denunciaron penalmente a Aranguren por no convocar a audiencia pública

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Tarifazos de gas: Denunciaron penalmente a Aranguren por no convocar a audiencia pública

El Ministro de Energía, Juan José Aranguren, fue denunciado penalmente por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, por la presunta comisión del delito de “incumplimientos de los deberes de funcionario público”, por no haber realizado la audiencia pública previa al incremento de las tarifas de gas aplicado en Mar del Plata.Aranguren denunciado penalmente

Se trata de la tercera denuncia penal que recibe el Ministro de Energía de la Nación Juan José Aranguren, en lo que va de su gestión al frente de la cartera, semanas atrás lo había denunciado el Senador nacional Fernando “Pino” Solanas por “comprar gas a Chile más caro que a Bolivia” , antes lo habían hecho Diputados del FpV que lo acusaron de beneficiarse con el aumento de la tarifa del gas a raíz de su “doble rol como funcionario público y accionista de Shell SA”.

La denuncia recayó en el Juzgado Federal Nº 11, a cargo del Juez Claudio Bonadío, destaca la presentación ante la PIA que realizó el Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Daniel Adler, quien había detectado “la posible comisión de infracciones penales por el incumplimiento de la norma que prevé la realización de una audiencia pública previa al incremento de las tarifas”, donde consideró que “este procedimiento previo con intervención de los interesados, como es la audiencia pública en este tema específico del gas, donde hay una Ley especial que indica su necesidad de realización en materia de tarifas, es una garantía implícita en la normativa constitucional que reconoce y consagra la tutela de los usuarios.

La ausencia de Audiencia Pública, prevista específicamente para el cambio de tarifas en el gas, no sólo ha obturado la discusión ciudadana sobre el punto impidiendo el control del consumidor, sino que constituye un incumplimiento de la ley de parte de la autoridad en un tema que afecta el derecho de las personas a su calidad de vida”.

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