Formó una S.A. para hacer obras con menos controles. Y habilita a que los estatales pasen al régimen privado.
El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, creó una Vialidad Nacional «paralela» para que se haga cargo de las obras viales salteando la burocracia estatal y con menos controles, y desató un conflicto con el gremio UPCN que denuncia una privatización encubierta.
Un decreto publicado en el Boletín Oficial establece la constitución de la sociedad «Corredores Viales SA», que estará integrada por el Ministerio de Transporte, con un 51% del capital accionario, y por la Dirección Nacional de Vialidad, con el 49% restante. Su objetivo es todo lo relativo a obras en rutas, autopistas y accesos viales nacionales.
En la norma se establece también que a la nueva SA no le resultan aplicables las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549, del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional (decreto 1023), de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, «ni las normas o principios de derecho administrativo».
Esto implica que la Vialidad Nacional «paralela» será utilizada para agilizar las licitaciones y saltearse la burocracia del Estado, que suele ser una excusa para la demora de las obras. Se trata de un modelo que no es nuevo y que, con diferencias, incluso fue utilizado por el kirchnerismo con ADIF y SOFSE (que eran Sociedades del Estado) para contratar de manera más ágil.
Fuentes al tanto de la situación dijeron a LPO que en Transporte nunca supieron entender los vericuetos del manejo del Estado y desde hace tiempo viene buscando la forma legal de saltear la burocracia para acelerar los pagos sin necesidad de tener que ir a negociar una ley al Congreso.
Cabe aclarar que la creación de estas sociedades no significa que no corren las consecuencias penales para quien están a cargo. De hecho, en el decreto se indica que la nueva SA no está exenta de los controles establecidos en la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.
Privatización encubierta
La creación de la nueva Vialidad desató rápidamente un conflicto con los trabajadores del gremio UPCN, que denunciaron una «privatización encubierta» del organismo y advirtieron que el decreto abre la puerta a que sean traspasados al régimen privado.
Es que el artículo 5 del decreto establece que la nueva SA «mantendrá con su personal una vinculación laboral de Derecho Privado». Fuentes de UPCN indicaron a LPO que lo peor es el artículo 8 que le abre la puerta al traspaso de los actuales empleados de Vialidad Nacional a esa sociedad anónima.
«Facúltase a la Dirección Nacional de Vialidad, para que en conjunto con el Ministerio de Trabajo establezcan con las organizaciones gremiales representativas de los trabajadores, en caso de corresponder, la transferencia de los mismos a la sociedad concesionaria», dice el artículo de la polémica. Ante esto, la sede de Vialidad estaba esta mañana rodeada de policías, aunque se espera que lo peor del reclamo llegue más adelante.
Respecto a la posible privatización, también generó alerta que el decreto habilita a que «en caso que el interés público lo requiera, podrán participar de la sociedad personas de carácter privado a través de los procedimientos de selección correspondientes». Es decir que podría modificarse la composición accionaria y avanzar a un modelo de asociación similar al del Arsat 3 que tiene mayoría de un privado.
Anticipándose a la reacción de los trabajadores, esta mañana el edificio de Vialidad sobre Diagonal Sur amaneció vallado por la policía, con oficiales del lado de adentro y con un carro hidrante en la puerta. A las horas, se les comunicó a los trabajadores que se les daba asueto y se les pidió que dejaran sus puestos. Mañana es día del Camino y feriado para Vialidad Nacional por lo que recién el viernes les darán al personal más detalles sobre su futuro.
Si bien los delegados de UPCN no quisieron hacer declaraciones formales a LPO, una fuente confirmó que será la cúpula del gremio la que consulte con sus abogados y lleve las inquietudes a las máximas autoridades nacionales. Por su parte, ATE ya emitió su primer comunicado titulado «Macri privatizó Vialidad Nacional» en el que explicó que en el decreto que crea la nueva SA, «Macri apeló a leyes de emergencia del año 1990 que ya no se encuentran vigentes y que se usaron en esa década para intentar destruir Vialidad Nacional».