Exclusivo LPO: La estrategia de tres patas de Macri para contener los juicios laborales


En el Gobierno aseguran que el principal problema de generación de empleo es el temor de las Pymes al fuero laboral.


El Gobierno trazó un plan de tres patas para frenar a la “industria” de los juicios laborales, que según las Pymes es la principal traba de la generación de empleo, adelantaron a LPO en el Ejecutivo.

El propio Mauricio Macri volvió a hablar este jueves de “la mafia de los juicios laborales”, en un acto que curiosamente se realizó para hablar sobre drogas. Es la tercera vez en menos de un mes que el presidente se refiere públicamente a ese tema.

“Algunos dijeron que yo estaba defendiendo a las empresas, y claramente no es así. Estoy defendiendo a los trabajadores. Defiendo a las PYMES, que quieren y pueden crecer, pero no lo hacen por miedo a esa maquinaria perversa de juicios sin razón, a esta minoría de vivos”, señaló Macri.

La cantidad de juicios laborales, que aumentó de 58 mil por año en 2011 a 115 mil anuales en 2016. Es decir, se duplicó en 5 años.

La importancia que Macri le da a este tema, según explicaron a LPO altas fuentes del Gobierno, radica en la preocupación por la generación de empleo de las Pymes, que está estancada hace años.

Es que según las encuestas que hace el Ejecutivo entre los pequeños y medianos empresarios, el principal conflicto que tienen a la hora de tomar empleados es el elevado grado de litigios que tienen con su personal. Al respecto, Macri citó una carta que recibió del “dueño de una PYME”, quien le manifestó que tiene “25 empleados y 7 juicios laborales” que paga “como puede”.

Los empresarios de Pymes les aseguran al Gobierno que por el aceitado funcionamiento de la maquinaria integrada por jueces del fuero laboral, peritos y estudios de abogados, no pueden prever de cuánto será la indemnización si despiden a un empleado, un costo que además de los sueldos incluye las multas que les imponen los jueces. Es por eso que deciden no tomar empleados.

Como hizo Macri con la carta del dueño de la Pyme, en el Gobierno mencionan el caso de una ex empleada del local de ropa Ossira que reclama 18 millones de pesos de indemnización, una suma que fundiría a cualquier empresa pequeña.

 

En este contexto, en el Gobierno apuestan una serie de medidas para contener la cantidad de juicios laborales, que aumentó de 58 mil por año en 2011 a 115 mil anuales en 2016. Es decir, se duplicó en 5 años.

Según los cálculos del Ejecutivo, los tribunales resuelven sólo 5 mil juicios por año, por lo que se genera un stock gigantesco de juicios laborales sin resolver.

Esto lo explican porque un tercio del fuero laboral está incompleto, lo que según el Gobierno permite un negocio entre jueces y estudios abogados para cubrir las vacantes con jueces subrogantes que “juegan” para la industria del juicio laboral, que según el propio Macri tiene al jefe de bloque del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, como factótum.

Por esta razón, el presidente dijo públicamente a principios de junio en la Bolsa de Comercioque quieren que el Consejo de la Magistratura cubra las vacantes con jueces “probos”.

La importancia que Macri le da a este tema, según explicaron a LPO altas fuentes del Gobierno, radica en la preocupación por la generación de empleo de las Pymes, que está estancada hace años.

En segundo lugar, para controlar la cantidad de juicios en el Gobierno creen indispensable que la provincia de Buenos Aires adhiera a la nueva ley nacional de Riesgos de Trabajo.

Esa ley fue frenada la semana pasada en la Legislatura bonaerense por el bloque de Sergio Massa. Fue una represalia del líder del Frente Renovador, que enfureció con Nicolás Massot, jefe de bloque del PRO en Diputados, quien el lunes dijo que “Massa había canjeado pasajes por más de 500 mil pesos” en el Congreso.

En el Gobierno aseguran que como la provincia no adhirió a la ley de ART nacional, miles de juicios laborales se mudaron a la provincia. Y por eso buscan aprobar ese proyecto para frenar el derrame.

Por último, en el Ejecutivo están trabajando con los gremios en una ley de blanqueo de personal, con la que se busca eximir de multas a aquellos empresarios que pongan a todo su personal en blanco. Los gremios verían con buenos ojos una ley semejante porque estiman que luego del blanqueo, los trabajadores empezarán a aportar a cada sindicato.