La Fiscalía especializada en Delitos Económicos logró desbaratar una organización criminal dedicada a elaborar y utilizar documentos privados y públicos falsos con el objetivo de transferir ilegalmente la titularidad de inmuebles registrados ante la Dirección del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, y obtener su disponibilidad jurídica para apoderarse en forma deliberada de ellos, para sí o para eventuales compradores.
Durante el período comprendido entre los años 2013 y 2016, al menos 16 sujetos y otras personas cuya intervención aún no se encuentra acreditada, formaron parte de esta organización.
Entre los miembros de esta asociación ilícita se encontraban ocho abogados, dos escribanos, un abogado del Registro de la Propiedad Inmueble, un agrimensor, un imprentero y comerciantes.
El grupo tenía como objetivo obtener del Registro de la Propiedad, mediante la presentación de instrumentos públicos apócrifos, la inserción o levantamiento de providencias cautelares personales en perjuicio del organismo oficial que las había dictado o solicitado oportunamente. La organización era liderada por los abogados y en ella participaban entre otros un escribano, un agrimensor, un imprentero, gestores y comerciantes.
La investigación fue iniciada en setiembre de 2016 y cuenta a la fecha con 14 cuerpos y 2746 fojas, en la misma se efectuaron numerosos allanamientos en Mar del Plata, y la zona y asimismo en la ciudad de La Plata.
Hasta el momento se verificó la transferencia ilegal de 28 inmuebles (lotes, cocheras, departamentos y el intento de transferencia de un campo de 100 hectáreas valuado en 700 mil dólares), lo que da cuenta de las sumas millonarias comprometidas en las maniobras delictivas. Se infiere que pueden ser aún más los inmuebles que formen parte de las mismas.
Los integrantes del grupo captaban interesados en la compra de inmuebles, y a su vez aportaban información para individualizar bienes que reunieran las características particulares convenientes para las mecánicas ideadas para tomar posesión de los mismos de un modo que no se ha determinado aún; esto es, principalmente inmuebles cuyo titular fallecido no registrara herederos, o bien pertenecientes a sociedades cuyos accionistas habían fallecido o se encontraban desintegradas.
Desde el Juzgado de Garantías número 3 a cargo de Rosa Frende, interviniente se ha dictado haciendo lugar al pedido de los Fiscales, la prohibición de salida del país para los imputados de la asociación ilícita, la inhibición general de bienes para todos y asimismo la prohibición de innovar en relación a todos los inmuebles asegurando su indisponibilidad.