La industria dio detalles de cómo el decreto de Alberto Fernández impactará en el negocio. Qué es y cómo se reparte, según el Gobierno, el Servicio Universal
Sorpresa, enojo e incertidumbre. Todo eso junto. Pasaron varios días, pero el ejecutivo de una de las principales empresas de telecomunicaciones de Argentina describió de esa manera el clima que se vive en su compañía luego del decreto presidencial que declaró como servicios públicos en competencia a la telefonía móvil, internet y la tevé por cable, y congeló sus precios hasta diciembre. Si no estuvieran trabajando de manera remota, tendría a pocos metros a su colega de la dirección de Legales delineando la estrategia que seguirán, quizás en el Ciadi, el tribunal para empresas e inversiones del Banco Mundial. El ida y vuelta entre los integrantes de la cúpula de esa empresa no tiene pausa. No es la única grande del sector en la que se vive la misma situación.
«Cuesta entender la razón de tan innecesaria e injustificada decisión tomada unilateralmente”, dijo la industria de las telecomunicaciones en una solicitada conjunta. Allí hablan de que “semejante cambio de reglas intempestivo e inconsulto produce un profundo impacto negativo” y piden que se reconsidere el decreto. Firman las principales compañías, cámaras de comercio –de EEUU y de varios países de Europa– y otras firmas del sector. En charlas informales sus representantes son bastante más directos: acusan al Gobierno y juran que siguen sin entender la medida.
“La verdad, son días tensos. Si todo esto es por Clarín, es insólito porque están matando y desfinanciando a toda una industria por un capricho. Si es así, el daño colateral será inmenso, con empresas grandes, pymes, cooperativas y todo un ecosistema tremendamente afectados. Es una sobrerreacción que no se entiende por más ideológico que sea el trasfondo”, aseguró el ejecutivo.
Según el Enacom, los planes actuales del FSU se distribuyen de esta manera: plan de infraestructura para internet destinado a Villas y Asentamientos, $1.000 millones; Acceso en zonas adversas, $300 millones; Internet para instituciones públicas, $2.000 millones; Redes móviles en corredores viales, $500 millones; Aumento de la Red Federal de Fibra Óptica, $3.000 millones; y Aportes No Reembolsables (ANR), $1.500 millones. De ese total se ejecutaron unos $1.000 millones, pero hay que sumar los planes vigentes de años anteriores.
Por estas horas, el Gobierno sostiene sus argumentos: las empresas no escucharon el pedido de no aumentar y esas subas iban a ir destinadas a los sectores más vulnerables: los usuarios de telefonía fija, los adultos mayores, y los prepagos móviles, estudiantes y personas de bajos recursos. “Nos prometieron las subas hace meses y la opción de hacer públicos a los servicios nunca estuvo sobre la mesa”, se quejan en las compañías.