El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura se presentó como amicus curiae de la querella, y se concretó una audiencia virtual donde se presentaron testigos clave
Con dos hechos relevantes se reactivó esta semana en Chaco la causa donde se investiga la responsabilidad de los efectivos policiales en los hechos ocurridos en la localidad de Fontana, donde fueron torturados cuatro jóvenes de la comunidad qom. Por un lado, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) se presentó como amicus curiae de la querella. Y además se concretó una audiencia virtual, donde se presentaron tres testimonios que podrían ser claves en la investigación.
En la audiencia declararon dos testigos presenciales, familiares de los jóvenes violentados en los allanamientos, del 31 de mayo, y un tercer testimonio no solicitado por la querella que podría dar un giro en relación a la veracidad de las actas labradas en la comisaría luego de los operativos realizados.
Los familiares son Ignacio y Sara Fernández, abuelo y hermana de dos de las víctimas, respectivamente. Sara, además, es quien graba el video que, al volverse viral, expuso la violencia institucional que derivó en la causa judicial. El tercer testigo podría dar un nuevo perfil a la veracidad de las actas labradas en la comisaría de Fontana en relación a los hechos que implican allanamientos a casas de familia sin orden judicial, abuso sexual, detenciones y torturas a los jóvenes qom.
En tanto el CNPT, además de su participación como amicus, afirma en una comunicación oficial que “no calificar como tortura los hechos de Fontana, atenúa su gravedad y dificulta la prevención de situaciones similares”. Realiza además una recomendación que busca la protección de las víctimas y de sus familias, y advierte sobre la necesidad de revisar el régimen de disciplina aplicada sobre los imputados.
Esto respalda el trabajo de los organismos provinciales, dado el cambio de carátula en la causa el último día antes de la feria judicial. Ese 8 de julio, la investigación contra los cuatro efectivos policiales involucrados -a cargo de la Fiscalía Penal Especial de Derechos Humanos de Chaco-, tuvo una modificación sustancial: el cambio en la nominación del expediente definida por la jueza de Garantías Rosalía Zózzoli. Esto permitió la excarcelación de los imputados que hoy se mantienen en funciones, aunque en forma pasiva. Lo cual no deja de ser preocupante para las víctimas y sus familias, señalan los abogados querellantes.
El tercer testimonio en la audiencia es considerado clave, ya que puede poner en cuestionamiento la verdad o falsedad de las actas que se firmaron en la comisaría 3ra. de Fontana, dado que es uno de los firmantes por ser vecino de esa comisaría.
Junto a la abogada Cuadra, trabajan los letrados Kevin Nielsen, por parte de la Secretaría de Derechos HUmanos, y Selva Nazaruka, patrocinante del Comité Provincial de Prevención de la Tortura que preside Silvio Del Balzo. “Nosotros presentamos un habeas corpus durante el ASPO –detalla Del Balzo- por el abuso en los procedimientos, hace más de dos meses. Los sucesos de Fontana sólo confirman lo que estábamos denunciando”, sostiene Del Blazo. “La presencia del CNPT como amicus va a generar un efecto positivo en el expediente –sostiene el abogado- porque siempre es bueno determinar formas y métodos que ayuden a clarificar las causas donde se involucran fuerzas de seguridad y haya violencia institucional, porque esto no es un delito común”.