Coronavirus en la Argentina: el Colegio de Abogados reclama terminar con la liberación masiva de presos

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresó la «honda preocupación» que generan en el mundo del derecho las salidas masivas de presos a raíz de la pandemia de coronavirus. Advirtió que ni siquiera los países más golpeados por la enfermedad «han abierto la puerta de sus cárceles, otorgando indiscriminadamente la libertad a miles de presos, incluyendo -como en nuestro caso- condenados por graves delitos como homicidios, robos con armas y abusos sexuales».

«La República no está en cuarentena, las instituciones judiciales tampoco. No debe suspenderse la aplicación de las leyes en esta emergencia sanitaria por la que estamos atravesando. En estas situaciones excepcionales es cuando más las necesitamos», señaló en un comunicado el directorio de la institución que preside Máximo Julio Fonrouge.

En ese sentido, expresó su «desacuerdo con los cientos de excarcelaciones en masa que se están concediendo en estos días, muchas de ellas en el marco de procesos que han soslayado la legítima intervención del juez natural, del Ministerio Público, de los informes carcelarios o médicos de rigor, y de las víctimas».

Añadió que «las detenciones preventivas durante el proceso son la excepción a la regla de la libertad, y se imponen en análisis individuales y pormenorizados en cada causa, sujetos a la intervención y contralor de todas las partes del proceso penal». Lo mismo rige para quienes cumplen detención en calidad de condenados, «en tanto las penas impuestas a ellos han sido el resultado de procesos con la debida intervención de las partes naturales y revisión de todos los estamentos judiciales».

El Colegio considera que esta crisis «debe servir para que las autoridades inicien finalmente el camino hacia la construcción de más y mejores cárceles, sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas». Y pidió no aprovechar el momento para «vaciar las prisiones artificialmente».

«Las excarcelaciones pueden y deben evaluarse caso por caso, por parte de los jueces, fiscales y defensores propios de cada causa, sin condicionamientos de quienes llevan adelante motines carcelarios, ni de los estamentos superiores del Poder Judicial, y ciertamente que tampoco de parte de otros poderes del Estado», continuó la declaración.

Excepciones

A la hora de evaluar la situación personal de cada preso, los abogados promueven que un factor favorable para otorgar un beneficio podría consistir en determinar «si el condenado se encuentra dentro de los grupos de riesgo de contagio (por su edad o enfermedades preexistentes); si fue sentenciado por delitos no relacionados con actos violentos; si no registra antecedentes de evasión del proceso anteriores; si sufre prisión preventiva y especialmente si ella supera los dos años máximos de límite; si su detención domiciliaria podría realizarse en un lugar físico determinado, supervisable, alejado de sus víctimas».

«Si se dejan de lado a los actores propios del sistema judicial, si se soslayan las normas y se toman decisiones judiciales en función a situaciones e intereses ajenos al de cada caso en particular, la Argentina se convertiría en el país al margen de la ley que -sin dudas- deseamos evitar», postuló el Colegio.