Las asambleas mendocinas por el Agua tienen claro que el anuncio del gobernador Rodolfo Suárez está lejos de responder al reclamo popular porque la ley 9209, que habilita el uso de químicos tóxicos para el desarrollo de la megaminería, «sigue vigente».
Desde las asambleas saben que el lobby minero no fue afectado con el anuncio y que el estudio de los proyectos de explotación ya están en marcha. El plan de las asambleas será continuar en las calles, como ocurrió este jueves en toda la provincia, exigir la derogación de la ley vía Legislatura e iniciar el camino judicial para que la norma sea declarada inconstitucional.
«La conferencia de prensa fue un circo armado para desmontar las protestas, para disuadir las movilizaciones, pero nuestro plan de lucha va a seguir», aseguró Federico Soria, integrante de la Asamblea por el Agua de Uspallata. Tras la conferencia de prensa de Suárez —en la que dijo que la modificación a la 7722 «aparentemente no tendría la legitimidad del pueblo»—, los asambleístas debatieron en las plazas, realizaron ruidazos, cortes de ruta informativos, acampes y talleres a lo largo y ancho de la provincia.
Las promesas de Suárez de no avanzar en la aplicación de ley promulgada en vísperas de nochebuena no altera el eje del reclamo: la derogación de la 9209. «No van a lograr avanzar con los proyectos mineros porque estamos organizados y vamos a utilizar las herramientas legales para acompañar la movilización popular», aseguró Julieta Lavarello, abogada de la Asamblea por el Agua de Mendoza capital y una de las detenidas durante la represión del lunes.
Derogación
Lavarello calificó de «vergonzosa» la decisión tomada por Suárez y resaltó que lejos de tratarse de una cuestión legal se trata de una movida política para que la gente «confíe en que no se va poner en vigencia y después hacer lo que quiera». La abogada afirmó a PáginaI12 que el articulado de la 9209 no precisa de su reglamentación para ponerse en marcha, en particular, porque la Secretaría de Ambiente cuenta con el poder de aprobar los proyectos mineros de forma unilateral y «lleva años incumpliendo la ley ambiental».
La abogada ambientalista indicó que la nueva norma, ya promulgada, seguirá vigente hasta que la Legislatura no vote una nueva ley que la derogue y reponga la 7722. Precisamente, un grupo de legisladores de todo el arco político —peronistas, aliados de cambiemos e independientes— que votaron en contra de la norma presentaron ayer un proyecto en ese sentido. En tanto, desde el PJ de Mendoza, que votó mayoritariamente a favor, se emitió un comunicado replicando el pedido de derogación. «Se va a pagar un alto costo político», aseguró Soria.
De todas maneras, el camino legislativo favorece al oficialismo porque las sesiones ordinarias finalizaron y solo Suárez podría poner en la agenda de sesiones extraordinarias —la Legislatura aún debe tratar el Presupuesto— el proyecto de derogación. Caso contrario debería esperarse hasta marzo o mayo. «La idea del Gobierno es ganar tiempo para una campaña» en contra de la 7722 insistió Soria.
Como ejemplo cabal de la vigencia de la norma, Soria, que es además de asambleísta técnico en conservación de la naturaleza y licenciado en turismo, señaló que el Gobierno de Cambia Mendoza oficializó, antes de la conferencia de Suárez, que la Secretaría de Ambiente ya revisa el proyecto San Jorge, que busca explotar cobre, plata y oro en Uspallata, departamento de Las Heras. Ese proyecto fue rechazado en 2011 por la Legislatura mendocina, una atributo que la ley 9209 quitó.