Aunque los detalles del acuerdo se definirán en las próximas horas, los trabajadores de empresas privadas recibirán un bono de 5 mil pesos: será no remunerativo y en carácter de adelanto de futuras revisiones salariales.
Tras varias idas y vueltas, el Gobierno, empresarios y la GCT acordaron dar un bono de emergencia “obligatorio” de 5 mil pesos para los trabajadores del sector privado, que será no remunerativo y solo en carácter de adelanto de futuras revisiones paritarias. En las próximas horas habrá un nuevo encuentro para terminar de pulir y redactar la letra chica del acuerdo, donde se definirán las formas de pago para los sectores productivos que enfrenten “dificultades económicas” –en principio sería durante el mes de octubre–. Desde CAME pidieron que el pago se ejecute en al menos 5 cuotas.
Del encuentro realizado en la sede del Ministerio de Producción y Trabajo, que presidió el titular de la cartera, Dante Sica, y donde confluyeron los representantes de las cámaras empresarias y sindicalistas de la CGT, se acordó el tenor general del bono de “emergencia”: el monto será de 5 mil pesos, tendrá carácter obligatorio y no remunerativo para todos los trabajadores en relación de dependencia del ámbito privado y a modo de adelanto de paritarias futuras.
“Es obligatorio para todos los trabajadores de la actividad privada”, afirmó Jorge Sola, secretario de prensa de la CGT. El dirigente del gremio del Seguro destacó la “comprensión” del Gobierno y el sector empresario “de cambiar el poder adquisitivo para que todo se vuelque al consumo y empiece a girar la rueda que pone en marcha al país”.
“Sirve en el cortísimo plazo para recomponer la pérdida de poder adquisitivo después de las variables inflacionarias que estamos viviendo”, insistió Sola.
Los empresarios también expusieron sus posturas. “El bono será a cuenta de futuras revisiones y los convenios colectivos deberán ver la situación de pequeñas empresas«, dijo Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA y presidente de la coordinadora de productos alimenticios Copal. El empresario agregó que el objetivo es «generar un marco para que el acuerdo pueda ser cumplido por todos y los problemas puntuales de algunas empresas deberán ser analizados caso por caso».
Funes de Rioja también indicó que en cada convenio colectivo de trabajo se podrá establecer «la fecha de pago y las modalidades respectivas», sobre todo en el caso de las pymes que advirtieron sobre las dificultades que tendrán para afrontar los pagos.
Esas definiciones, como la fecha y las formas de pago, se terminarán de pulir hoy en un encuentro que tendrán los “equipos técnicos” del ministerio, de la CGT y las cámaras empresarias. Cada sector buscará hacer prevalecer sus propias urgencias.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expuso las propias. A través de un comunicado, ratificó el acuerdo para adelantar un bono de 5 mil pesos “de recomposición salarial no remunerativo, en cuotas y a cuenta de paritaria”. Adelantó que en la próxima reunión “se terminarán de definir los términos”. Y detalló que CAME pidió que «dicho pago se ejecute en al menos 5 cuotas”.
Las negociaciones se habían frenado ante la resistencia empresaria a pagar el bono. Poco antes del encuentro de este lunes, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, aseguró que “no se puede hablar de un bono, ya que muchas empresas no puede pagarlo debido a la recesión y a la caída de ventas”. “El aumento de la capacidad de compra de la gente es una prioridad también para los empresarios, pero en este contexto es muy difícil. Posiblemente el Estado tenga la capacidad de dar ese aumento, pero el privado no”, argumentó Acevedo.
El grueso del sector empresario usó como escudo la crítica situación de las Pymes. Pero la decisión de atar el bono a las futuras paritarias y no como un aumento extra disminuyó la resistencia empresarial. Un tema que el ministro Sica logró poner sobre la mesa de negociación que desde hace 15 días mantenía con empresarios y sindicalistas.
En el encuentro, la CGT estuvo representada por sus dos secretarios generales: Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (Estaciones de Servicio), además del metalúrgico Antonio Caló, el estatal Andrés Rodríguez, Armando Cavalieri y Alberto Tomasone por los empleados de comercio, José Luis Lingeri por Obras Sanitarias, Carlos West Ocampo (Sanidad), Robustiano Geneiro de gastronómicos, y Sola (Seguros).
Por el sector empresario, estuvieron Miguel Acevedo y Funes de Rioja (UIA); Julio Crivelli (Camarco); Enrique Matilla, Ricardo Diab y Julián Jajurin (CAME); Claudio Rodríguez, Pedro Etcheverry (CAC) y Florencia Merensztein.
A Sica lo acompañaron Ignacio Werner (secretario de Comercio Interior), Ignacio Pérez Riba (titular de la Unidad de Coordinación General) y Gabriela Marcello (directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo). Varios de ellos también volverán a ser de la partida cuando se selle la letra chica del acuerdo.