Planea canjearla por proyectos del Frente Renovador para crear empleo. Pero choca con la resistencia sindical.
En un Congreso casi inactivo, los referentes del bloque de Diputados de Cambiemos dedicaron la última semana a revisar proyectos sobre empleo de Sergio Massa, para negociar un paquete de leyes que incluya la moratoria laboral que quiere Mauricio Macri y resiste la CGT.
El presidente promueve blanquear a los trabajadores en negro mediante exenciones a las multas previstas en la ley 24.013 (por eso es una moratoria impositiva), pero la idea aún está en borradores en el despacho del ministro Jorge Triaca, con la esperanza de convencer a la oposición pero también a los gremios.
Es que los sindicatos no aceptaron nunca eliminar derechos laborales, si quiera en forma parcial. Cambiemos lo supo el año pasado, cuando no logró avanzar con la ley de primer empleo, porque reducía los aportes patronales y dejaba abierta la posibilidad de eludir los convenios colectivos.
Lo cajoneó el petrolero Alberto Roberti, del bloque justicialista y presidente de la Comisión Laboral, con la anuencia de sus colegas gremialistas como Héctor Daer (Frente Renovador) y Abel Furlán (Frente para la Victoria).
Esta vez Triaca quiere negociar antes de mandar leyes que luego quedan en el olvido y la clave es el Frente Renovador, capaz de consolidar una mayoría simple junto a Cambiemos y sus aliados parciales.
La oferta que le acercarían a Massa es plegarse a la moratoria laboral a cambio de activar proyectos suyos que apuntan a blanquear trabajadores.
Uno es el que propone crear un fondo anticíclico social que ayude a registrar los beneficiarios de planes sociales, capacitarlos en oficios e insertarlos con mayor facilidad al mercado laboral. Sin embargo allegados a Massa anticiparon a LPO: «hay cero negociación con el Gobierno, se van a chocar con una pared».
O sea, un objetivo similar al «Plan empalme» que Macri dispuso por decreto esta semana para evitar el debate parlamentario, aunque el presidente promueve directamente financiar parte de los salarios con los planes sociales que ya paga el Estado.
Sin embargo, esa es la pieza de la discordia: La más dura es la jefa de bloque Graciela Camaño que dice que estuvo todo el año pasado tratando de interesar al oficialismo en sancionar un proyecto similar que Massa presentó en su campaña y en el Gobierno se negaban. «Nos robaron el proyecto y encima lo copiaron mal», comenta la diputada.
Por otro lado, el temor de los sindicalistas con estas leyes es que los empleadores las aprovechen para reemplazar a parte de sus planteles por beneficiarios de planes o trabajadores en negro, en caso de existir una moratoria laboral.
«En empresas grandes esto puede pasar porque reducen el costo laboral a largo plazo y por eso tal vez la opción sea impedirles blanquear empleados o pagar sueldos con planes si antes echan a alguien», admitieron a LPO desde el oficialismo.
Intentan convencer a los gremios que es la rigidez de la legislación actual impide a muchos empresarios registrar sus empleados y esa decisión perjudica a todos: los trabajadores no tienen estabilidad y no recaudan el fisco, la seguridad social y las obras sociales sindicales.
Pero Macri ya dejó claro que no le gusta involucrarse en las plantillas de las compañías: vetó una ley antidespidos y no se preocupó en registrar si se cumplía el compromiso de no echar a nadie firmado en noviembre por los principales empresarios del país. Fue una de las razones del último paro de la CGT, un obstáculo siempre difícil para el Gobierno.