- Para el fiscal, la condena se basó en una presunción respecto a que haya sido la autora intelectual.
- Opinó que eso «debió haberse demostrado judicialmente» en el juicio.
- La dirigente y otras dos personas fueron condenadas a 3 años de prisión en suspenso.
El fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal Javier De Luca dictaminó que debe revocarse la condena a Milagro Sala como supuesta instigadora del escrache al actual gobernador de la provincia, Gerardo Morales, en 2009, informaron hoy fuentes judiciales.
Para el funcionario del Ministerio Público la condena a la dirigente de la «Tupac Amaru» se basó en una presunción respecto a que haya sido la autora intelectual y opinó que eso «debió haberse demostrado judicialmente» en el juicio oral.
El 28 de diciembre último, la jefa de la Tupac Amaru y otros dos integrantes, Graciela López y Gustavo Salvatierra, fueron condenados a tres años de prisión en suspenso por daños agravados, pero sobreseídos de la acusación de amenazas.
También remarcó De Luca que Sala no estuvo presente en el lugar de los hechos, ocurridos en el Colegio Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy, donde Morales y los entonces auditores generales de la Nación, Leandro Despouy y Alejandro Nieva, iban a dar una conferencia.Cuestionó, además, la verosimilitud y credibilidad de los únicos testigos que le atribuían la instigación a Sala porque habrían mentido al negar su ingreso a trabajar en la Gobernación de Jujuy, poco antes del comienzo del debate oral.
Y en concreto respecto de René Arellano sostuvo que habría mentido al negar que se había comunicado con el abogado de la querella antes de su declaración, lo cual estaba probado por informes.
En cuanto a la acusación de amenazas dictaminó que se encuentra prescripta y solicitó que se declare nula la acusación de la querella, es decir el gobernador Morales.
De Luca subrayó su desacuerdo con ese género de protestas y admitió que pudieron haberse cometido delitos, pero remarcó que para atribuirlos a individuos es preciso producir pruebas que permitan alcanzar cierto nivel de certeza respecto de su participación.
En el juicio oral y público llevado a cabo por el Tribunal Oral Federal 1 de Jujuy la querella había pedido la pena máxima de ocho años de prisión y la fiscalía tres años de arresto en suspenso.
Fuente: La Voz