Un grupo especializado de Naciones Unidas consideró «arbitraria» la detención de Milagro Sala y pidió al «Gobierno de la Argentina» la liberación «inmediata» de la líder de la organización Tupac Amaru, y de esta manera le causa a Mauricio Macri un desgaste internacional que no estaba en los planes de sus asesores.
Según informó Amnistía Internacional, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU juzgó que la dirigente social, detenida en Jujuy desde el 16 de enero pasado, fue objeto de «un entramado de acusaciones consecutivas e inicios de causas judiciales para sostener su privación de libertad de manera indefinida en el tiempo».
La conclusión de la entidad dependiente de Naciones Unidas respondió a una presentación realizada en febrero pasado Amnistía Internacional, el CELS y ANDHES a favor de Sala. La dependencia que funciona bajo la órbita de las Naciones Unidas interpretó que «no existen elementos legales para justificar» la «prisión preventiva» de la dirigente jujeña ya que, a su criterio, «no se demostró que existen riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación».
A su vez, consideró que «el Estado impidió el ejercicio del derecho de defensa de Sala por la falta de precisión y claridad de los hechos que se le imputan y por no informarle adecuadamente los delitos por los que es acusada».
«También entendió que Milagro Sala por su condición de parlamentaria del Mercosur contaba con fueros que impedían su detención», añade el comunicado de prensa. La entidad de la ONU señaló que «el Estado argentino tiene la responsabilidad de cumplir con las medidas determinadas por el Grupo de trabajo» y pidió que este tipo de situaciones «no vuelvan a repetirse».
La respuesta del gobierno de Gerardo Morales se dio a través del fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, que dijo que el pedido de la ONU “es una opinión no vinculante” e invitó al grupo de trabajo del organismo a visitar la provincia del norte argentino.
El fiscal Miranda indicó que “a partir de ahora se inicia un proceso por 180 días”. “El Estado jujeño se encuentra adherido al Pacto de San José de Costa Rica y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, indicó.
El jujeño argumentó que “al momento de emitir opinión, este grupo de trabajo lo hizo en base a informes del mes de abril” y que “desde abril a agosto, cuando el grupo tomó la decisión sobre la detención arbitraria, se modificó la situación procesal de Milagro Sala y los fundamentos que ellos tuvieron en cuenta para llegar a esa decisión”.
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