El Estado debe ser quien proteja a las familias en su desarrollo y desempeño diario.
He presentado un proyecto de ley para que nunca más los jubilados tengan que ir a las sucursales a demostrar la prueba de vida.
Debe ser responsabilidad del Estado informar a las entidades bancarias y no poner en cabeza de los abuelos dicha responsabilidad, con todo lo que eso implica, de tener que ir cada tres meses al banco a demostrar que están vivos. Esto además de estigmatizarlos genera problemas sobre todo a quienes están en una situación más dificultosa para poder concurrir.
Por ello este proyecto presume la vida del jubilado, hasta en tanto exista el efectivo registro de la partida de defunción por parte del Registro Nacional de las Personas y su pertinente comunicación a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Para garantizar esta medida el Poder Ejecutivo Nacional por intermedio del Registro Nacional de las Personas, en conjunto con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), dispondrá de la implementación de un sistema de información que permita dar cumplimiento con las disposiciones de la ley.
Este nuevo formato, ágil y práctico, tiene como objeto también que el mismo se extienda hacia otras provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la intención de abarcar a un mayor número de jubilados que se vean beneficiados por la medida en cuestión.
Entiendo que los adultos mayores están incluidos entre los sectores de la población que merecen, junto con los niños y mujeres, la mayor protección y seguridad por parte del Estado. Ya que nuestros abuelos son más vulnerables a enfermarse y hay quienes que por cuidar su salud respiratoria no pueden concurrir a realizar la fe de vida. Ello acarrea consigo una limitación al goce del beneficio social en el momento en que seguramente más lo necesitan.
Comprendiendo la situación engorrosa que les toca vivir e inspirada en los nuevos avances, he diseñado esta medida para facilitarles un poco más la vida a quienes muchas veces son postergados y desatendidos hasta por el mismo Estado, olvidando que son un grupo social que merece el mayor de los cuidados. Pero por sobre todas las cosas para dinamizar y estimular el efectivo ejercicio de sus plenos derechos.-