La apropiación macrista de los datos personales de millones de ciudadanos y residentes extranjeros registrados en la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) es motivo de preocupación de amplios sectores sociales, que advierten sobre la ilegalidad de la medida y el grave atropello a los derechos civiles garantizados por la Constitución y los tratados internacionales de los que Argentina forma parte.
La última acción judicial contra el Gran Hermano de Mauricio Macri pertenece a los Abogados por la Justicia Social (AJUS) de La Plata, Berisso y Ensenada. Esta asociación presentó una demanda colectiva pidiendo la nulidad de la resolución 166-E/2016 del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y también solicitó “una precautelar urgente” para que se suspenda la medida hasta resolver la cuestión de fondo.
La causa, en manos del juez federal platense Adolfo Gabino Ziulu, podría tener dictamen en las próximas horas, ya que la fiscalía remitió el “análisis de las actuaciones” al magistrado, según adelantó a Contexto el presidente de AJUS, Emanuel Desojo.
“La resolución de Peña está viciada de nulidad”, dijo el letrado al explicar que un acto administrativo “nunca puede derogar de facto una ley nacional”, en este caso la 25.326 de Protección de Datos Personales.
De acuerdo con lo ordenado por la Jefatura de Gabinete, la ANSES deberá remitir periódicamente su base de datos a la Secretaría de Comunicación. Esto incluye nombre y apellido, documento, domicilio, teléfonos, correo electrónico, fecha de nacimiento, estado civil y estudios de cada beneficiario del organismo previsional.
“Resulta esencial para el Estado Nacional la identificación, evaluación y análisis de problemáticas o temáticas de interés en cada localidad del país, así como la comprensión y detección de variables sociales y culturales que permitan incorporar la diversidad federal en la comunicación pública”, fundamenta la resolución.
Sin embargo, Desojo señaló que en una democracia “el fin nunca justifica los medios”, y agregó que, más allá de las razones que se esgriman para la utilización de esos datos, “lo cierto es que el Gobierno está violando derechos constitucionales amparados por la legislación internacional y vulnerando el sistema republicano”.
La Ley de Protección de Datos Personales es clara al prohibir la transferencia de información sensible –como correos electrónicos y teléfonos– sin el previo “consentimiento libre, expreso e informado” de sus titulares. Pero, además, establece que “no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención”.
Sobre esos puntos de la normativa se apoya precisamente la demanda colectiva de la AJUS para plantear que la resolución macrista es “ilegal” y debe ser anulada en todo el territorio nacional.
Los mismos argumentos sostienen otras denuncias que fueron presentadas ante la Justicia federal, entre ellas las de diputados del Frente para la Victoria (FpV) y la abogada Vanesa Carreras, como particular damnificada.
A la vía judicial también se sumó la parlamentaria. La semana pasada ingresaron al Congreso proyectos que proponen derogar la resolución del Ejecutivo y modificar la Ley 25.326. Según la socialista Alicia Ciciliani, una reforma permitiría evitar con mayor firmeza la “manipulación” que hoy hace el Gobierno de Cambiemos “de los datos identificatorios de casi todos los habitantes de la Nación”.
En tanto, desde el FpV alertaron que el tráfico de información de la ANSES “se produce cuando en lo social estamos viendo medidas autoritarias y ataques a la intimidad de las personas”, algo que calificaron como “peligrosísimo”.
Los riesgos son aun más evidentes si se tiene en cuenta que la apropiación de estos datos se da al mismo tiempo que Peña organiza una oficina de inteligencia paralela en la Jefatura de Gabinete.
“El ministaff de agentes tiene un mismo origen: pertenecen a la planta de Personal Civil de Inteligencia (PCI) de los organismos del Ejército y de la Fuerza Aérea Argentina y efectúan tareas de análisis” sobre “noticias, hechos, informaciones o datos recibidos”, reveló el diario Ámbito Financiero en su edición del martes pasado.
La selección de estos espías habría estado a cargo del radical Ángel Tello, actual secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, quien viene promoviendo la participación de las fuerzas castrenses en seguridad interior.
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