San Isidro: Brutal represión en fábrica recuperada

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Al menos 30 heridos

Violentos incidentes y una brutal represión por parte de la Policía Bonaerense se produjo este jueves luego de que los trabajadores de Industrias RB, una fábrica recuperada en 2007, volvieran a ocupar las las instalaciones en defensa de los puestos de trabajo. Como consecuencia del operativo, 18 personas fueron detenidas, varias de ellas con heridas de diferentes consideración.

El hecho se produjo cerca de las 19, en la fábrica ubicada en Panamá 1726, en Martínez, que había sido desalojada el pasado 8 de junio a través de la orden tomada por el Juzgado de Garantías N°2 de San Isidro, que dirige el juez Orlando Abel Díaz y que según los trabajadores, fue ilegal y sin notificación, de acuerdo a lo que publica el sitio notas.org.ar.

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En el año 2007 la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires sancionó la expropiación a favor de los trabajadores, ley que fuera prorrogada en el 2012 por cinco años más y se encuentra vigente.

A las 15, los trabajadores junto a integrantes del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), se convocaron a pocas cuadras de la planta. De inmediato sufrieron la represión policial.

Entre los arrestados se encuentra el concejal del partido de San Marín, Julián Ríos, del Movimiento Evita y el dirigente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), Eduardo “Vasco” Murúa.

Los detenidos quedaron alojados en las comisarías 10ª, 1ª y 2ª de San Isidro. Desde la CTEP hicieron responsables “a todos los niveles del Estado” por la integridad de física de los trabajadores, señala el sitio notas.org.ar.

La movilización convocada desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y la Corriente Villera Independiente (CVI), entre otras organizaciones políticas y sociales, había comenzado hace unas horas frente a la comisaría décima de Martínez y se había trasladado hacía las fiscalías de la avenida Centenario al 300 para exigir que la justicia informe en dónde están detenidos los trabajadores y su liberación.

Los manifestantes que reclamaban sobre el acceso de la calle Alsina fueron desalojados por la policía bonaerense con gases y balas de goma, por lo que se trasladaron a la avenida Centenario donde cortaron el tránsito y volvieron a ser desalojados por la fuerza, con un saldo de al menos 5 lesionados de bala de goma, entre ellos el reportero gráfico de la Agencia Télam Raúl Ferrari.

Romina, integrante de la CTEP, afirmó que «diversas organizaciones nos manifestábamos de manera pacífica frente a las fiscalías para pedir la liberación de los 15 trabajadores a los que distribuyeron en distintas comisarías cuando llegó la infantería de la bonaerense y nos desalojó con gases y balas de goma; y cuando nos corrimos hasta la esquina para cortar la avenida Centenario volvieron a reprimirnos».

«Ahora nos estamos reagrupando en la esquina de Centenario y la calle Martín y Omar para volver a pedir la liberación de los trabajadores, esperar la llegada de diputados y referentes sociales y hablar con los medios que se están acercando porque no nos vamos a mover de acá hasta que no tengamos respuestas», añadió.

Al menos 15 trabajadores habían sido detenidos y otros tres resultaron lesionados esta tarde en el desalojo de la planta de la metalúrgica RB, una empresa recuperada en la localidad bonaerense de Martínez.

Sobre esta empresa pesa una orden de desalojo a pesar de que está vigente una orden de expropiación a favor de la cooperativa que la gestiona hace más de 15 años. Fundada en 1958, fue recuperada por sus trabajadores luego del cierre durante la crisis económica de 2001, cuando convinieron con los acreedores un plan de pago para mantener la maquinaria y las fuentes de trabajo.

El miércoles 8 de junio, el magistrado Orlando Abel Díaz, a cargo del Juzgado de Garantías N° 2 de San Isidro, ordenó el desalojo de la empresa, que fue ejecutado esta tarde por la Policía de la Provincia de Buenos Aires y cuestionado por diversas organizaciones políticas que se solidarizaron con el conflicto y denunciaron que fue absolutamente ilegal ya que en el año 2007 la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires sancionó la expropiación de la empresa a favor de sus trabajadores y la ley fue prorrogada en 2012 por otros cinco años, por lo que aún sigue vigente.

 

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