Así lo informó en su Boletín Oficial, en el que explica que «la Declaración Jurada Patrimonial Integral» de sus funcionarios «tendrá carácter reservado» y quienes vulneren esta privacidad «serán pasibles de las penas previstas» en el Código Penal.
El gobierno bonaerense publicó este miércoles en el Boletín Oficial un decreto correctivo y ampliatorio de aquel que obliga a funcionarios, policías y penitenciarios a presentar sus Declaraciones Juradas, estableciendo penas de cárcel a funcionarios, empleados o periodistas que difundan datos de estas «presentaciones reservadas».
La norma dada a conocer este miércoles, tal como se había informado un su momento, prorroga por 60 días el plazo de entrega de las Declaraciones Juradas, cuya obligatoriedad fue dispuesta por la gobernadora María Eugenia Vidal el 4 de marzo pasado, a través de otro decreto.
Pero uno de los puntos más polémicos de las diversas correcciones técnicas y de contenido que aparecen ahora en el Boletín oficial es el que aclara que «la Declaración Jurada Patrimonial Integral tendrá carácter reservado», y dispone que «los funcionarios, empleados y terceros que de algún modo vulneren el carácter y/o el contenido de estas declaraciones serán pasibles de las penas previstas por los artículos 157 y 157 bis del Código Penal», que establecen penas de cárcel de entre un mes y dos años.
La medida es similar a la contemplada en el artículo 85 del proyecto de ley ómnibus que fue girado por la Casa Rosada a la Cámara de Diputados y que establece la prisión para quienes difundan información sobre el blanqueo de capitales: el repudio generalizado por parte de la oposición y del periodismo motivó que el Gobierno confirmara que evaluará su modificación para que sólo sean pasibles de ser penalizados quienes blanqueen capitales y los representantes del Estado en caso de que informen sobre la operatoria.
La Plata, NA.