Antonio Armando Di Palma estuvo seis meses detenido, acusado de abuso sexual agravado. Hace quince días cambió el calabozo por un ámbito más confortable: su casa. Un Tribunal Oral de San Martín y un juez de la Cámara Penal de ese Departamento Judicial lo beneficiaron con la prisión domiciliaria.
Los jueces le concedieron ese beneficio con la condición de que cambiara de domicilio y se instalara lejos de la casa de la víctima, en San Miguel.
Se trata de uno de los casos denunciados por Jaime Méndez, el intendente de ese distrito que, alertado por los vecinos, manifestó en su cuenta de Twitter que había veinte presos , entre los que figuraban vendedores de droga, abusadores y ladrones, que regresaron a los diferentes barrios.
«Toda persona merece condiciones dignas en la cárcel, entre ellas, estar protegida de los efectos del coronavirus. Pero que los presos vuelvan a sus casas y barrios, los mismos ambientes donde cometieron los delitos que motivaron su detención, claramente no es la solución», dijo ayer Méndez
Y apuntó contra la resolución judicial: «Los jueces que toman esas decisiones y aquellos que impulsan este tipo de políticas, como mínimo, le están faltando el respeto a la inmensa mayoría de vecinos honestos que quieren y merecen vivir en paz. Sobre todo a las víctimas de esos mismos delitos y a sus familias.
Di Palma, se convirtió en el segundo acusado de abuso sexual en ser beneficiado con la prisión domiciliaria desde que la Cámara de Casación Penal bonaerense aceptó la acción de Hábeas Corpus colectiva presentada por los defensores oficiales de los 18 Departamentos Judiciales de la provincia, a raíz del riesgo de vida para los presos mayores, de 65 años y patologías crónicas, en caso de contagiarse de coronavirus en la cárcel.
Pedro Olmos había sido el primer imputado por una agresión sexual grave que salió de prisión. Estaba acusado de violar a una niña de 13 años en la localidad de Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora, y lo mandaron a su casa, situada en la misma cuadra que la de la víctima.
En el caso de Di Palma, de 57 años, recibió el beneficio de la prisión domiciliaria porque dos jueces del Tribunal Oral N°6 de San Martín consideraron que corría riesgo de vida en caso de contagiarse del coronavirus, debido a que sufre de hipertensión y diabetes.
Una fiscal de dicho distrito presentó un recurso contra esa resolución, pero un juez de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Martín confirmó la morigeración de la prisión preventiva para Di Palma y puso como condición que cambiara su domicilio y lo establezca lejos de la casa de la víctima, situada en San Miguel.
El supuesto agresor está acusado de «abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal», fue procesado con prisión preventiva y ya se había requerido que sea sometido a juicio oral.