Imputada por espiar y reprimir a los mapuches

El fiscal federal Franco Picardi impulsa la imputación, a partir de una denuncia de la APDH. Involucra a otros funcionarios del MInisterio de Seguridad.

Los abrazos entre los magnates dueños de la tierra en la Patagonia y el presidente Mauricio Macri, las amenazas de los funcionarios de Cambiemos, la represión a las comunidades mapuche que recuperaron territorio, el espionaje ilegal a las víctimas y las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel no son sucesos aislados. «En función de la denuncia de la APDH y los hechos allí plasmados, así como de los elementos colectados hasta el momento, este Ministerio Público considera pertinente iniciar una investigación penal para determinar si la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y funcionarios de esa cartera, se han valido de sus funciones para desarrollar un plan destinado a utilizar fuera del marco legal las atribuciones y funciones a ellos conferidas, dando incluso órdenes operativas a las fuerzas de seguridad bajo su responsabilidad«. Con estas palabras el fiscal federal Franco Picardi impulsó la acción penal contra estos funcionarios del gobierno saliente.

El avance de esta causa podría derivar en una acusación contra Bullrich por delitos cometidos en el armado de un plan represivo que involucra a funcionarios públicos en el exceso de sus funciones, desde espionaje ilegal hasta asociación ilícita, pasando por violación de la propiedad privada, apremios y violencia institucional, según explicó a este diario una alta fuente judicial.

Según Picardi el objeto fue «coaccionar y administrar el conflicto existente entre comunidades mapuches y propietarios formales de tierras, en beneficio de estos últimos, para así resguardar distintos negocios inmobiliarios y de lucro llevados a cabo por aquellos que detentan o pretenden la propiedad y/o explotación formal de tierras en la Patagonia Argentina, muchos de los cuales tendrían relaciones de distinta índole con funcionarios del actual gobierno Federal«. 

Bullrich respondió por Twitter y calificó el dictamen del fiscal federal como un «apriete». «Acá estoy y acá me voy a quedar. Como ministra, como ciudadana de bien, defendiendo siempre la verdad. Mintieron cuando dijeron que había habido desaparición forzada con Maldonado. Crearon un plan para sembrar odio y miedo en la gente. No habrá apriete que me pueda frenar», lanzó.

Picardi tomó como pruebas notas periodísticas, varias de este diario, sobre el espionaje ilegal desplegado contra ese pueblo originario. Y pidió a la jueza María Eugenia Capucheti una serie de medidas, entre ellas la declaración testimonial del periodista Sebastián Premici (ver aparte). «La planificación ilícita aludida tendría también una intención de disciplinamiento del resto de la sociedad, especialmente de aquellos sectores que no concuerdan con el poder de turno«, completó el representante del Ministerio Público. «Asimismo, la investigación deberá dilucidar si en el marco de dicha organización se han llevado adelante tareas de inteligencia ilegal, entre ellas, aquellas efectuadas en coordinación con Carabineros de la República de Chile, a los fines de involucrar falsamente a personas en actividades ilícitas así como a construir en la figura del R.A.M., una categoría de guerrilla o grupo terrorista inexistente o sobredimensionada adrede, con el fin de justificar la represión de comunidades indígenas y/o el cercenamiento de los derechos constitucionales que las asisten», destacó el fiscal en sus conclusiones.

En junio, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) denunció en la justicia a la ministra Bullrich, a su ex jefe de Gabinete, Pablo Noceti, y a otros funcionarios de la cartera, como autores de un plan criminal ejecutado contra las comunidades mapuches. La denuncia quedó radicada en el juzgado de Capuchetti, y alcanza también al ex secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Legislativos y Ministerio Público Fiscal, Gonzalo Cane, al ex jefe de gabinete Pablo Noceti y al secretario de Seguridad, Gerardo Milman

El organismo de derechos humanos señaló que el Estado implementó un plan de despojo y represión hacia las comunidades mapuches que desembocó en la muerte de dos jóvenes: la de Santiago Maldonado, durante la represión de Gendarmería en Chubut en agosto de 2017 y la de Rafael Nahuel, en noviembre de ese año en Río Negro, durante un desalojo realizado por Prefectura. Gisela Cardozo, Norma Ríos y María Elena Naddeo, en su carácter de presidentas de la APDH, se presentaron con el patrocinio letrado de Mauricio Rojas, Gabriel Macaggi, Ramiro Geber y Guillermo Torremare.