El Gobierno volvió a quedar atrapado por las presiones cruzadas que genera la definición del nuevo marco regulatorio de las telecomunicaciones, en una pulseada que cruza a funcionarios de primer nivel, empresarios de peso internacional y promesas de inversiones millonarias.
Mauricio Macri empezó el año con la idea de emitir un decreto de necesidad y urgencia para habilitar la televisión satelital y abrir el juego para aplicación del cuádruple play, sin esperar la sanción de la ley de convergencia.
Era un reclamo de Telefónica y Claro, que como no tienen red de cable apelan a ese atajo para ofrecer su «cuadruple play».
Así, aun sin desplegar fibra óptica, podrían competir con la flamante fusión Cablevisión-Telecom, que espera el aval final de la Comisión de Defensa de la Competencia para salir al ruedo.
El DNU se esperaba para enero, luego para febrero y ahora se habla de marzo. Pero esta semana en el mercado de telecomunicaciones crecía la versión de que el Gobierno había puesto un freno hasta nuevo a aviso.
En esta etapa lideran la resistencia a ese decreto Vila-Manzano y Pierri, escudados en la defensa de los pequeños cableros en manos de cooperativas. Sin embargo, el decreto que el Poder Ejecutivo ya tiene redactada, establece una cláusula de exclusión que prohíbe a las telefónicas dar televisión satelital en ciudades de menos de 80 mil personas. Sería la manera elegida para proteger a las cooperativas.
Mario Quintana es hoy el funcionario más alineado con los intereses de Telefónica y quien más empuja que salga cuanto antes el decreto autorizando a que brinden televisión satelital.
Este viernes una fuente del Enacom que dirige Miguel de Godoy afirmó a LPO que en el organismo circula la versión que el decreto saldría en diez días. ¿Por qué las diferentes versiones?
Lobbys cruzados
Mario Quintana es hoy el funcionario más alineado con Telefónica y quien más empuja que el decreto que habilita a esa empresa a dar televisión satelital, salga cuanto antes.
Sin embargo, esa postura no convence a otros colaboradores muy importantes del presidente Macri, que ponen más la mira en la política. Ese grupo argumenta que no es el momento apropiado para volver a puentear al Congreso con un tema tan sensible, cuando todavía no se resolvió la suerte del megadecreto de desburocratización, rechazado hasta por el peronismo más cercano al Gobierno.
Ese sector es el que propone esperar que se sancionen las leyes en las que se supone se fragmentará el megadecreto y recién después sacar un DNU con el nuevo marco regulatorio de la convergencia, que en este mismo año debería ser reemplazado por una ley.
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