Quiere controlar los números en los distritos. Preocupa la cantidad de trabajadores municipales.
Junto con el presupuesto 2018 que ingresará hoy a la Legislatura bonaerense, María Eugenia Vidal sumará además una suerte de pacto fiscal con los municipios que deberá aprobarse en ambas cámaras y al que los intendentes tendrán la posibilidad de adherir.
La ‘ley de responsabilidad fiscal con municipios’ propone tres puntos básicos que los intendentes deberán cumplir: que la planta de personal no crezca más de la población; que la deuda del municipio no supere el 8% de los gastos corrientes; y que se controlen los gastos corrientes en el último semestre de cada mandato.
Este último punto busca impedir que los intendentes que terminan sus mandatos disparen sus gastos en los últimos dos meses. Ese caso generó en 2015 algunos desequilibrios importantes en los distritos donde hubo recambio.
Pero además incluirá un ítem en el que aconsejarán a los intendentes armonizar las tasas. Es que el gobierno de Vidal no tiene injerencia directa en las economías locales, reguladas por la Ley Orgánica de las Municipalidades.
En un encuentro con periodistas el ministro de Economía, Hernán Lacunza, aseguró que la situación de los distritos es mucho mejor de la que se encontraron a fines de 2015, cuando varios municipios debieron ser auxiliados para pagar el aguinaldo. «Eso cambió y hoy estamos viendo qué obra hacemos», dijo.
Pero Lacunza agregó que ven mucha heterogeneidad entre los distritos. Además marcó algunas luces amarillas en cuanto al creciente gasto en personal. Como ejemplo aseguró que en los últimos 10 años, en 125 municipios los trabajadores municipales aumentaron más que la población.
Será una ley provincial al que los distritos tendrán libertad adherir o no. Claro que no será lo mismo en término de vinculación con el ministerio de Economía y con el gobierno central para quienes adhieran o quienes desconozcan el pacto fiscal.
Según dejan trascender desde el gobierno, el Ejecutivo estará a disposición para casos de asistencias financieras en casos de distritos con economías complicadas o con problemas puntuales (una inundación, por ejemplo).
La idea es que el pacto fiscal sirva para tender puentes entre la economía de los municipios y el gobierno provincial. La premisa es que se canalice ayuda en asistencia financiera y pedidos de endeudamiento para aquellos municipios que adhieran a la ley.