La disputa por el poder, en este tiempo, parece estar en los datos.
La iniciativa del Gobierno nacional para utilizar la base de datos de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) desató un escándalo cuando se conoció la intención de explotarla para mejorar las estrategias de comunicación del Poder Ejecutivo.
La medida provocó incomodidad y un amplio rechazo entre especialistas, aunque tardó dos días en impactar de lleno en los principales noticieros. Una jugada silenciosa que toca una fibra poco visible de la vida de los ciudadanos: en general se sabe poco acerca de la función y potencialidad que tienen los datos personales.
Según trascendió, los datos que el Gobierno utilizará para mejorar sus estrategias de comunicación son el nombre y apellido, DNI, domicilio, teléfonos, correo electrónico, fecha de nacimiento, estado civil y nivel de estudios alcanzado de los ciudadanos.
Se trata de información que el Estado normalmente utiliza para la ejecución de políticas públicas. En un contexto donde una fuerte campaña comunicacional se debate en las redes sociales, el acceso a los datos personales es la llave para impactar sobre sectores elegidos de población. La posibilidad de segmentar públicos a partir de seleccionar edades, ciudades, ocupaciones, etcétera, se ha transformado en una obsesión del PRO.
En Argentina, la base de la Seguridad Social es la más completa (y una de las más costosas) del país, porque cuenta con información acerca de todos los ciudadanos argentinos y naturalizados, reconoce sus trayectorias personales y familiares, además de su situación financiera, laboral, previsional y si se trata de beneficiarios de planes sociales.
Estos datos están protegidos por la la Ley de Protección de Datos Personales que creó la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP).
La Ley establece en el artículo 4 inciso 3 que “los datos objeto de tratamiento no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención”.
Es decir que, aunque hayan sido cedidos a una organización estatal, los datos personales continúan siendo privados y deben ser resguardados de otros posibles usos.
La información personal es utilizada todo el tiempo para brindar beneficios sociales, habilitar créditos, utilizar el transporte público, etcétera. El delicado asunto pasa por fiscalizar que esa información sea utilizada con fines genuinos y autorizados por sus titulares.
El acceso a esta información para fortalecer acciones de estrategias de comunicación significa, por lo tanto, un riesgo a la privacidad de los ciudadanos.
La medida publicada en el Boletín Oficial busca aprovechar los datos de los usuarios como elemento clave para efectivizar las estrategias de propaganda del Gobierno nacional. En lugar de esto, varios sectores sociales se están movilizando para exigir que el Estado custodie de forma transparente los datos públicos y resguarde la privacidad de la información personal y sensible.
La disputa por el poder, en este tiempo, parece estar en los datos.
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