El Municipio dispuso que su hospital suspenda por tiempo indeterminado la atención médica a todos aquellos pacientes cuyos domicilios estén radicados en otros partidos. La medida desató el rechazo de los trabajadores de la salud, quienes emitieron un comunicado en el que denunciaron que esto implica «desobedecer las leyes, poner en riesgo la salud de la población”.
Los médicos nucleados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) denunciaron a las autoridades municipales de Luján por una medida que dejaría sin atención a pacientes que concurran a atenderse al Hospital Municipal y que no sean residentes de esa ciudad.
La medida desató el rechazo de los trabajadores de la salud, quienes emitieron un comunicado en el que denunciaron que esto implica «desobedecer las leyes, poner en riesgo la salud de la población y exponer a los profesionales y trabajadores de la salud a situaciones que pudieran constituir abandono de persona».
De acuerdo a lo publicado por el portal local El Civismo el martes pasado, la Comuna «ha decidido no prestar atención médica a personas que no sean del Partido de Luján», lo que motivó una serie de repudios por parte del sector gremial.
«Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, Cicop Seccional Cabred Luján, nos vemos en la obligación de denunciar la ilegalidad de esta decisión que significa desentenderse de sus obligaciones constitucionales, desobedecer las leyes, poner en riesgo la salud de la población y exponer a los profesionales y trabajadores de la salud a situaciones que pudieran constituir abandono de persona, figura reprochable penalmente y de la cual no se van a hacer responsables», dice el texto.
En esa línea, reclama que «las excepciones incluidas como gentileza, no hacen más que dejar de manifiesto la arbitrariedad de la medida y el carácter discriminatorio que emerge, no sólo en el área de Salud sino también en Políticas Sociales, donde al parecer, la insensibilidad es una marca registrada de la gestión», denunciaron los trabajadores.
Cicop consideró que la decisión tomada por el gobierno del intendente Oscar Luciani, «atenta contra el derecho a la salud de las personas, tal como lo ordena la reforma constitucional de 1994, que incorporó con jerarquía constitucional un total de once declaraciones y tratados internacionales de Derechos Humanos, y el libre acceso a la atención médica, que en nuestro país, el Estado debe garantizar a todos aquellos que la requieran»
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