*“Técnicas Especiales de Investigación”
*Creación de un registro de “buches” a sueldo
* “habilita a cometer cualquier tipo de delito en contra de personas pertenecientes a una organización criminal” Dr. Mariano Lanziano
*“La autorización a cometer algunos delitos desdibuja de forma muy peligrosa la línea de la legalidad estatal”, destaca el especialista del CELS.
Por Franco Mizrahi
Preparen, apunten…
Con la excusa de combatir el delito “complejo”, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, impulsó un proyecto de ley que otorga a agentes encubiertos de la policía y de cualquier otra fuerza de seguridad licencia para matar. Así se desprende del artículo 13 de la polémica iniciativa que versa sobre “Técnicas Especiales de Investigación” y que la funcionaria defendió el 12 de abril pasado en el Congreso. La pretendida legislación, que otorga mayor poder a las fuerzas y promueve la creación de un registro de “buches” a sueldo, aún no tuvo dictamen en comisión producto de los cuestionamientos que recibió. La discusión sobre su aprobación para llegar al recinto sigue abierta.
La iniciativa no solo habilita a un agente infiltrado en una organización criminal a cometer delitos en el marco de su operación sino que, por la negativa, le permite perpetrar un asesinato. El artículo 13 sostiene: “No serán punibles el agente encubierto ni el agente revelador que como consecuencia necesaria del desarrollo de la actuación encomendada se hubiesen visto compelidos a incurrir en un delito, siempre que este no implique poner en peligro cierto la vida o la integridad física de una persona ajena a la organización criminal que integra u otra de similares características”.
“En la actualidad, por ejemplo, estos agentes solo pueden cometer delitos particulares siempre que no implique poner en peligro cierto la vida o la integridad física de una persona o la imposición de un grave sufrimiento físico o moral a otro. Estas limitaciones fueron criticadas por vagas en reiteradas oportunidades, sin embargo la propuesta actual del Poder Ejecutivo flexibiliza aún más estos criterios” y “habilita a cometer cualquier tipo de delito en contra de personas pertenecientes a una organización criminal”, explica a Veintitrés Mariano Lanziano, abogado del Equipo de Justicia Penal y Políticas de Encarcelamiento del Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS).
A la hora de analizar el artículo 13, Lanziano sostiene: “La poca claridad de los límites que propone, no solo por la vaguedad de lo que implica ‘poner en riesgo’, sino también por lo complejo de delimitar organizaciones de estas características, brinda una amplitud de criterio que poco tiene que ver con el control de la actuación de estos agentes para la prevención de abusos y corrupción”. “Las figuras del agente encubierto y del agente provocador son discutidas a nivel global. Ambas presentan múltiples dificultades como medios de prueba. Su actividad general puede violentar principios constitucionales”, añade. Por ejemplo, el agente encubierto efectúa allanamientos sin requisitos legales y sus conversaciones constituyen interrogatorios que no cumplen con ninguna garantía legal. De hecho, luego son utilizados en contra del imputado. “La autorización a cometer algunos delitos desdibuja de forma muy peligrosa la línea de la legalidad estatal”, destaca el especialista del CELS.
Un prestigioso jurista penal que prefiere el anonimato asegura que a la hora de legislar estas cuestiones “hay que ser muy prudente. El agente encubierto puede parecer una figura muy interesante pero no se le puede dar licencia para matar. Están viendo muchas películas de James Bond y muchas series americanas”, critica. “Tendrían que prestar más atención acerca del modo en que la legislación puede afectar las garantías constitucionales que tanto trabajo nos costó construir. Están proponiendo técnicas muy especiales que ameritan abrir debates ciudadanos. Si no, van a contaminar y envilecer el Código Penal”, asegura.
El proyecto en el que se da libertad para matar lleva la firma de Patricia Bullrich y del jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña. Allí se promueven cinco figuras legales con el fin de que las fuerzas policiales y de seguridad puedan perseguir con mayor éxito los “delitos de investigación compleja”: se trata del “agente encubierto”, “el agente revelador”, el “arrepentido”, la “entrega vigilada” y el “informante”.
- El agente encubierto y agente revelador serán integrantes de las fuerzas policiales o de seguridad. Por su parte, será el juez quien “deberá evaluar la imposibilidad de utilizar una medida más idónea para esclarecer los hechos”, se dice de forma genérica en la propuesta de ley. La designación del agente encubierto correrá por cuenta del Ministerio de Seguridad mientras que el revelador estará a cargo del juez a cargo de la pesquisa. Ambos serán convocados a juicio únicamente si su testimonio resultare absolutamente imprescindible.
- La figura del arrepentido ya existe en la legislación nacional para combatir los delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestros, los económicos y financieros y la trata de personas. “Es imprescindible ampliar los delitos respecto de los cuales resulte posible aplicar la figura”, se sostiene en el texto de la ley. Al imputado que brinde datos relevantes para la pesquisa se le reducirá la pena o se lo eximirá de ella.
- La entrega vigilada será una potestad del juez que “podrá autorizar que se postergue la detención de personas o secuestros de bienes cuando estime que la ejecución inmediata de dichas medidas puede comprometer el éxito de la investigación”. Incluso el magistrado podrá suspender la interceptación en territorio argentino.
Otro apartado controvertido del proyecto es el artículo 18. Allí se plantea crear en el Ministerio de Seguridad un registro de “buches”, tal como se conoce en la jerga a los informantes, que cobrarán por sus servicios (ver aparte).
Nilda Garré, ex ministra de Seguridad de la Nación e integrante de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, una de las dos donde tramita la iniciativa, indicó a esta revista que “jamás existió una medida semejante” que habilite a un agente a asesinar y no ser sancionado. “El proyecto es un mamarracho. Se mezcla la inteligencia criminal con la investigación penal”, asegura. Y agrega: “La investigación penal debe estar sometida a una cantidad de requisitos para que después pueda sostenerse en el juicio. Es necesario que las personas se identifiquen para que sea válido su testimonio”.
Veintitrés intentó contactar a la ministra Patricia Bullrich, pero al cierre de esta edición ni la funcionaria ni una voz oficial del Ministerio de Seguridad brindaron una respuesta que arrojara luz sobre su postura respecto del polémico proyecto.
Desde el 12 de abril, cuando la ministra de Seguridad visitó el Congreso, las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior de la Cámara de Diputados no se volvieron a reunir. Aquel día, Bullrich defendió la iniciativa, aunque dijo que el proyecto “queda abierto a modificaciones”. Estas aún no se realizaron.
Debate democrático
Ante la delicada materia que se está tratando, desde el FIT y el FPV se solicitó la invitación de representantes de organismos de derechos humanos para exponer sobre la temática. “Aún estamos a la espera de que citen tanto a las comisiones como a los invitados”, explicaron desde el FIT. No es para menos.
Desde el CELS sostienen que “las técnicas encubiertas suponen el riesgo particular de que se incremente la corrupción y la manipulación política. Los peligros de legalizar el uso de estas técnicas son mayores que los beneficios que puedan ofrecen para enfrentar el crimen”.
El rol de las fuerzas de seguridad en dos casos de alto impacto mediático ya le provocaron cuestionamientos internos a Bullrich. A principios de enero, la ministra fue noticia cuando informó por error que se había capturado a los prófugos de la triple fuga. Hasta el Presidente felicitó a los investigadores por el hecho. A las horas se supo que le habían “plantado” información falsa a la ministra. El último yerro que la tuvo como protagonista fue en el caso de la fiesta electrónica Time Warp, donde defendió a prefectos que terminaron imputados por “hacer la vista gorda” la noche en que fallecieron cinco jóvenes por consumo de drogas.
¿Made in USA?
La diputada nacional por el Frente de Izquierda (FIT) y abogada Myriam Bregman, integrante de la Comisión de Legislación Penal, dice que detrás de la confección de este proyecto de ley se encuentran el FBI y la DEA. Sus sospechas tienen un anclaje contundente: el 25 de febrero, Bullrich junto al secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, viajaron a Washington, Estados Unidos, para reunirse con los titulares de la Agencia Federal de Investigación (FBI), James Comey, y de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Chuck Rosenberg.
“Desde la década del ’90 se están intentando imponer estas figuras. Ahora se quiere dar un salto mayor. Se le da un enorme poder a la policía y al Poder Judicial”, afirma Bregman, que durante la reunión de comisión del pasado 12 de abril le preguntó a la ministra si el proyecto fue producto de aquel encuentro. Bullrich respondió que “no”. El eco de su respuesta aún retumba en el Congreso.
En el centro de las miradas Por C.V.
Desde los inicios de su gestión, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recibió cuestionamientos y críticas al por mayor. Tras el decreto del presidente Mauricio Macri que declarara la Emergencia en Seguridad Pública en todo el territorio argentino, el ministerio contó con un mayor respaldo para llevar adelante sus políticas basadas en dos ejes: “la lucha contra el narcotráfico” y la “inseguridad cotidiana”.
“La seguridad tiene que ser la mano justa”, repitió la ministra en cada entrevista televisiva, suscitando una encendida polémica. Las respuestas por parte de diversos organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas no tardaron en aparecer. El diagnóstico es similar: la propuesta de “mano dura” que propiciaría Bullrich envalentona a las fuerzas de seguridad a cometer excesos en sus funciones, generando un recrudecimiento de la violencia institucional. Partidos de izquierda la acusan de revitalizar el aparato represivo del Estado. Por caso, el 22 de diciembre pasado un grupo de Gendarmería desalojó por la fuerza a trabajadores de la avícola Cresta Roja, quienes mantenían cortada la Autopista Ricchieri a la altura de Ezeiza en reclamo de su fuente laboral.
La triple fuga de General Alvear se transformó no solo en el culebrón del verano, sino también en el primer eslabón de una serie de hechos que en 2016 colocaron a Bullrich en el centro de todas las miradas. Tras poner a disposición del Presidente su renuncia, la ex ministra de Trabajo de la Alianza fue ratificada en el cargo y volvió a convertirse en noticia. Esta vez fue luego de pronunciarse a favor de la ley de derribo impulsada por Sergio Massa y de anunciar la entrada en vigencia de un protocolo antipiquetes. Organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles le salieron al cruce. La masiva movilización de ATE del 25 de febrero pasado reclamó por los despidos en el ámbito estatal, además de repudiar la normativa que prevé regular las manifestaciones en la vía pública.
La designación del nuevo jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, también levantó polvareda en la arena política. El ex titular de la Superintendencia de Drogas Peligrosas es objetado por sus supuestos vínculos con el ex espía Jaime Stiuso, aunque desde el ministerio lo desmienten. El episodio más controvertido de la gestión Bullrich, sin embargo, parece haber sido la intervención de Gendarmería durante el ensayo de una murga en el Bajo Flores a principios de año. Según la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), el operativo dejó un saldo de 11 heridos, la mayoría menores de edad. Uno de ellos recibió un impacto de plomo.
El accionar de la Prefectura en la tragedia de Costa Salguero se encuentra en tela de juicio en el marco de la investigación que la Justicia realiza para determinar responsabilidades. Bullrich separó de sus cargos a dos jefes y suspendió de forma preventiva a otros 39 integrantes de la fuerza. No obstante, las controversias en torno a su gestión parecen continuar a la orden del día.
“Buches”
El Ministerio de Seguridad de la Nación creará un registro de informantes”, se sostiene en el artículo 18 del proyecto de ley sobre “Técnicas Especiales de Investigación” que impulsa el gobierno de Mauricio Macri. El informante, según se detalla en la iniciativa, es “aquella persona que, bajo reserva de identidad, a cambio de una contraprestación económica o procesal, aporte a las fuerzas de seguridad, policiales u otros organismos datos, informes, testimonios, documentación (…) que permita iniciar o guiar la investigación”. “No será considerado agente del Estado ni testigo en la causa”, se aclara, debe ser notificado de que colaborará en la pesquisa y se le garantizará que su identidad será mantenida en reserva. Tal como se desprende del texto, el informante podría ser un civil que brinde información a cambio de dinero.
La controvertida iniciativa fue presentada en el Parlamento nacional el 4 de abril junto a otros dos proyectos: el que rige los procedimientos en los delitos de flagrancia y el que modifica la organización del Ministerio Público Fiscal (este último impulsado por el ministro de Justicia, Germán Garavano) en lo que fue un paquete de leyes tendientes a modificar el accionar del Poder Judicial.
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