El intendente de Avellaneda un grupo de diputados bonaerenses presentaron acciones judiciales para invalidar el tarifazo decretado por el gobierno de Macri, al que califican de “ilegítimo”.
Decidido a encabezar la oposición desde el FpV y con un fuerte cruce contra Mauricio Macri y el ministro de Ambiente Sergio Bergman sobre sus espaldas, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, presentó en las últimas un recurso de amparo ante el Jugado Federal 3, en lo Contencioso Administrativo, para frenar el tarifazo eléctrico aplicado por el Gobierno nacional.
Ferraresi acudió a la justicia motivado por el “aumento en el costo de las luminarias públicas que golpearía aún más el bolsillo de los ciudadanos”, según indicó en un comunicado oficial.
El escrito fue presentado ante en el Juzgado Federal número 3 en lo Contencioso Administrativo, a cargo de Claudia Rodríguez Vidal, reclamando se retrotraigan las tarifas de energía eléctrica a los valores previos al aumento instrumentado por el Gobierno nacional, derogando la Resolución N° 7/2016 del ministerio de Energía y Minería de la Nación, la Resolución N° 1/2016 del Ente Regulador de la Electricidad y “toda otra norma que se dicte como consecuencia de las anteriores”.
El escrito, redactado por el cuerpo letrado del municipio, determina “la nulidad absoluta e insanable” de la normativa que regula el “tarifazo”, en la medida en que viola parte de la ley que establece el Régimen de la Energía Eléctrica, y desconoce los procedimientos previstos por esta norma para autorizar aumentos tarifarios.
La medida cautelar solicitada resalta también la figura del usuario del servicio público como “la parte más débil de la relación de consumo”, dejando en claro que “no se han respetado debidamente sus intereses y el derecho a ser informados con anticipación de la tarifa que pagarán”.
Entre los argumentos de la demanda, se encuentra el incumplimiento del artículo 46 de la ley 24.065 (que establece el Régimen de la Energía Eléctrica). El mismo determina que al recibir una solicitud de aumento tarifario por parte de las empresas distribuidoras, el ente regulador se encuentra obligado a dar “inmediata difusión pública a la misma por un plazo de treinta días y convocar a una audiencia pública para el siguiente día hábil a fin de determinar si el cambio solicitado se ajusta a las disposiciones de esta ley y al interés público”.
El escrito establece que la actitud del gobierno macrista es “improcedente, irrazonable y arbitraria”, al fundamentar la omisión de la audiencia pública en un acta acuerdo de renegociación contractual suscripta en el año 2006, que de todas formas no contemplaba aumentos en categorías residenciales.