La Comisión Provincial por la Memoria alertó sobre el avance de la criminalización de la protesta

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El organismo bonaerense repudió la detención de Milagro Sala, la represión de cooperativistas en La Plata y el desalojo de la Panamericana de los trabajadores de Cresta Roja.

A través de un comunicado de prensa, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) advirtió sobre el avance de la criminalización de la protesta por parte del Estado en sus distintos estamentos, al tiempo que responsabilizó a la Justicia por las intervenciones en distintos conflictos gremiales.

“La CPM expresa su repudio a toda forma de criminalización de la protesta social y cualquier tipo de persecución política, ejecutado por cualquier autoridad o funcionario del Estado Argentino en todos sus niveles. En estos actos se encuadra la detención y persecución política de la parlamentaria del Mercosur, Milagro Sala. La gravedad del hecho implica no sólo al gobierno de Jujuy sino también y sobre todo al accionar de la Justicia que actúa como instrumento del Poder ejecutivo, apelando a la represión y la intimidación desde el sistema penal como vía de abordaje de un conflicto claramente político-social”, sostiene el documento emitido por el organismo.

Además, le apuntó a la corporación judicial por una serie de fallo que atentan contra el derecho a la protesta: “Los argumentos judiciales que pretenden justificar la detención son inadmisibles. Porque en democracia es inadmisible que se criminalicen actos que son propios e imprescindibles en la coordinación de la acción colectiva, e inherentes al ejercicio del derecho a asociación que son la base de los derechos políticos y el ejercicio de la ciudadanía. Promover la acción colectiva no es “instigar al delito”, una manifestación masiva no es un “tumulto”, y oponerse a una decisión del gobierno no es un ‘acto de sedición’”.

En ese marco, volvió a repudiar la represión a trabajadores despedidos en La Plata y la violenta represión a los trabajadores de la empresa “Cresta Roja”, acontecimientos a los que calificó como “antecedentes que alertan sobre una modalidad de abordaje del conflicto político-social basado en la represión y la persecución penal de la protesta”.

Fuente:Infocielo